La educación es un derecho humano fundamental, que ha sido consagrado en una amplia red de tratados internacionales, en las Constituciones y en los marcos legales de todos los países de nuestra región. A través de este reconocimiento los Estados se han comprometido a garantizar los medios efectivos para la realización concreta y el goce efectivo de este derecho en condiciones de universalidad, gratuidad, y libre de toda forma de discriminación.

No basta la incorporación del Derecho Humano a la Educación (DHE) en los marcos jurídicos, es necesario que los Estados diseñen y ejecuten políticas públicas concretas para llevar a cabo la realización de su contenido. Como lo señala la Observación general de número 13 del Comité DESC/ONU, este contenido implica el establecimiento de sistemas educativos que garanticen disponibilidad adecuada de la oferta pública, accesibilidad geográfica y económica, aceptabilidad de los espacios, contenidos y prácticas del proceso educativo, así como adaptabilidad frente a las necesidades, intereses y expectativas de los sujetos de derechos y las comunidades a las cuales pertenecen.

Garantizar todas estas condiciones en la política educativa, y su concreción en un sistema público de educación, requiere que el Estado disponga de un presupuesto suficiente y adecuado . Es obligación de los Estados utilizar al máximo los recursos disponibles para asegurar la realización progresiva de todos los derechos económicos, sociales y culturales (Comité DESC, 1999). Sin un presupuesto público adecuado no se puede garantizar ningún derecho humano, y cuando faltan sistemas públicos educativos debidamente consolidados y fortalecidos, el derecho humano a la educación pública y gratuita no tiene condiciones adecuadas para su realización.

La CLADE, red de la sociedad civil que trabaja por la realización del DHE, ha desarrollado procesos de deliberación pública, visibilización, producción de conocimiento e incidencia política a fin de que los Estados destinen más recursos al sistema educativo público, garanticen su gratuidad, protejan los recursos que ya están asignados, los envíen oportunamente a las secretarías de educación y escuelas, permitan la participación ciudadana en la definición de su orientación, y lleven a cabo la rendición de cuentas que les corresponde.

Como parte de esta tarea, y teniendo en el horizonte el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para exigir el cumplimiento del DHE, la CLADE ha creado este Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, el cual compila información de 20 países de la región en el periodo 1998-2015, a partir de tres dimensiones de análisis: Esfuerzo Financiero Público, Disponibilidad de Recursos y Equidad en el Acceso Escolar.

La primera dimensión se refiere a la cantidad global de recursos que cada país está asignando periódicamente al sistema educativo público, como parte del presupuesto estatal y de la riqueza nacional. Se busca así aproximarse al Esfuerzo que está haciendo cada Estado para financiar la educación pública. La segunda dimensión, se centra ya no en los recursos globales, sino en observar la Disponibilidad que se tiene de los mismos para cada ciudadano/a en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto público disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas en el sistema educativo. La tercera dimensión, por su parte, aborda la perspectiva de la Equidad en el Acceso Escolar, en particular observando la diferencia de asistencia escolar entre los quintiles de ingreso más alto y más bajo de la población de cada país. Esta dimensión trata de aproximarse a las discriminaciones y desigualdades históricas que han operado en nuestros sistemas públicos de educación, debido, entre otras razones, a una inadecuada disponibilidad de recursos que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad a todas/os las y los ciudadanas/os.

Cada una de estas dimensiones, con sus respectivos indicadores, son presentadas para la mayoría de los países de la región, de acuerdo a la disponibilidad de información en las bases de datos internacionales que fueron consultadas. De esta manera, el sistema de monitoreo permite hacer un análisis del financiamiento educativo en cada uno de los países, pero también sugiere una tipología para analizar las tendencias que se han observado en los distintos indicadores.

La elaboración de esta batería de indicadores y el análisis de las tipologías de tendencias apuntan a enriquecer la comprensión de la diversidad de trayectorias que existen en los distintos países, de manera que puedan alimentarse los análisis y el reconocimiento de la complejidad de la financiación del DHE en nuestra región. Es necesario recordar que cada país presenta trayectorias distintas, originadas por sus respectivos procesos políticos y sociales, y por sus condiciones históricas particulares, de manera que este sistema enfatiza la identificación de trayectorias en cada país, resaltando sus cambios, avances y retrocesos, y en ningún caso pretende llevar a cabo un escalafón de realidades cuya naturaleza es profundamente diferente y no debe ser simplificada.

Este esfuerzo de producción de información y conocimiento, como tal, abre la puerta para seguir profundizando la incidencia política desde la sociedad civil, con miras a lograr una financiación adecuada a la realización del DHE de todos y todas.

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación